GUADALAJARA, JALISCO.- La propuesta que se encuentra en el Congreso del Estado, donde se pide una pena de hasta siete años de cárcel a los grafiteros “es una propuesta que no construye y sólo causa resentidos sociales".
La Doctora Dayanna Velarde Rubalcava, refiere que no se ataca el problema de fondo, que es la situación de los jóvenes.
Velarde Rubalcava, también impulsora del concurso de pinta de bardas en la Unidad Deportiva Tabachines, aclaró que el crédito es de la organización civil Hábitat y que ellos sólo se integraron para comprar latas de pintura, prestarles mobiliario y conseguir los permisos necesarios para poder intervenir las bardas de la mencionada Unidad.
Sin embargo, ellos dentro del instituto tienen un programa de prevención de riesgos sociales donde el graffiti es una herramienta para combatir el pandillerismo “nosotros los invitamos a cambiar la raya por el diseño y pinturas artísticas”.
La joven funcionaria afirma que ya han tenido acercamientos en escuelas, donde después de impartirles un pequeño taller, las bardas son decoradas “y sirve para dos cosas. La primera es que los jovenes ya no vuelven a rayar las bardas y la segunda es que los profesores, y sus padres ya no los ven como unos vándalos”.
Sobre la propuesta del Congreso, lamenta que no se vea el problema de fondo “porque a final de cuentas van a meterlos a la cárcel un rato y van a salir. Y cuando ellos estén dentro, saldrán otros y es un problema de nunca acabar. Cuando en realidad la solución es más compleja, y tiene que ver con los problemas sociales de esas comunidades”.
En Contexto
La propuesta de carcel a grafiteros sigue en comisiones. La iniciativa, presentada por los hoy ex diputados del PRI Marco Antonio Barba Mariscal y Rocío Corona Nakamura, es reformar el Código Penal para que se sancione con penas más severas el graffiti, como delito de daño en las cosas, por lo que se impondrán de seis meses a tres años de prisión cuando se afecten bienes particulares; de uno a seis años si se trata de edificios públicos o protegidos como patrimonio cultural, y de dos a siete años en caso de reincidencia.
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